Blog de Rivendel

julio 8, 2009

Algunas pinceladas de realidad

Filed under: Actualidad,capitalismo — grahamgreene @ 6:43 pm
Ana Belén Martín Vázquez
Rebelión

BAROMETRO SOCIAL REFLEJA EL CIERRE DE UN CICLO MARCADO POR LA EXPANSION ESPECULATIVA Y REGRESION SOCIAL

El Barómetro social de España , una obra realizada por el Colectivo IOE cuya edición impresa y actualización on-line patrocina el CIP-Ecosocial, ha incorporado los datos correspondientes a 2007. El análisis que genera esta actualización se ha publicado tanto en la página web de este proyecto, como en el número 105 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global , dedicada al análisis de La(s) crisis. A la vista de los nuevos datos, los autores sostienen que 2007 supone el cierre del ciclo de crecimiento de la economía productiva española, cuyo resultado ha sido una sociedad cada vez más desigual en términos de distribución de la renta y la riqueza. Desde el punto de vista social, el análisis ofrece las siguientes conclusiones:

1. El importante crecimiento de la economía productiva entre 1994 y 2007 (+70% del PIB) se ha visto acompañado de un desmesurado incremento especulativo de la rentabilidad inmobiliaria (+175%) y financiera (+129%), y de un estancamiento o congelación de los salarios reales (+2%), que son el principal ingreso de la mayoría de los hogares.

2. Las deudas pendientes de los hogares, que suponían el 66% de su renta anual en 1994, representaban el 150% en 2007, proporcionando un volumen de negocio al sistema financiero de casi un billón de euros. En cambio, el ahorro se ha reducido continuamente, hasta el punto de que en 2007 el nivel de deuda de las familias era 14 veces más elevado que su nivel de ahorro. Los sectores sociales más afectados han sido la población joven, las mujeres y la inmigración.

3. El modelo de producción y consumo a lo largo del ciclo ha sido despilfarrador de energía y cada vez más contaminante. El consumo de energía se ha incrementado en un 50%, a un ritmo doble que la media europea. Como consecuencia, la dependencia energética de España ha pasado del 70 al 80%, pese a la expansión de las energías renovables, que han crecido a un ritmo menor que el consumo energético total.

4. El gasto público en Políticas Sociales, que había experimentado un gran crecimiento entre 1975 y 1993 (+12,4 puntos del PIB), ha retrocedido 3,5 puntos a partir de 1994, alejándose de la media europea. Paralelamente, ha crecido la mercantilización de la sanidad, la educación, las pensiones o la oferta de vivienda, lo que ha reforzado la dualización de estos servicios, en perjuicio de los sectores sociales con menos recursos.

5. Encuestas del CIS realizadas en 1997, 2001 y 2007 señalan que, para la opinión pública, España es una sociedad injusta, debido a la desigualdad existente en la distribución de los ingresos. Se trata de una opinión compartida por cuatro quintas partes de la población, que se mantiene constante a lo largo del ciclo analizado, independientemente de la orientación del gobierno de turno. Según la misma fuente, la mayoría de la población desconfía de los partidos más que de cualquier otra institución del país, y considera que las grandes empresas, la banca y los grupos mediáticos tienen más poder que el parlamento o los sindicatos: la acción de gobierno estaría más influida por esos grupos de poder y por los intereses corporativos de los propios partidos que por las necesidades y expectativas de la población que les ha votado.

6. España se ha consolidado como país del Norte, en el seno de la Unión Europea, en un contexto internacional donde se mantienen grandes desequilibrios económicos y ecológicos. Los indicadores de desigualdad internacional (brechas económica y ecológica) y de flujos económicos transnacionales (deuda externa, ayuda oficial al desarrollo, remesas de migrantes) han variado poco en el ciclo estudiado y España ha contribuido a legitimar la economía-mundo capitalista y la estructuración de bloques políticos jerarquizados que sustentan esa desigualdad.

Santiago Álvarez, director del CIP-Ecosocial, al presentar la actualización del Barómetro social subraya el potencial de este sistema de indicadores: “El Colectivo Ioé hace un ejercicio demostrativo de cómo el sistema de indicadores sociales ideado por ellos puede servir para caracterizar el ciclo expansivo que cierra ahora la crisis. Los datos del Barómetro social de España y sus series de indicadores facilitan herramientas cuantitativas a cuantos se quieran internar en el estudio de la situación socioeconómica por la que atraviesa nuestro país”. El sistema de indicadores está disponible en la página web del CIP-Ecosocial y el documento completo de la actualización de los datos se puede consultar en: http://www.fuhem.es/cip-ecosocial/noticias.aspx?v=8662&n=0

Más información on-line:

Colectivo Ioé: www.barometrosocial.es

CIP-Ecosocial: www.cip-ecosocial.fuhem.es

Ana Belén Martín Vázquez es responsable de Comunicación del Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)

Un paso atrás en la implantación de la justicia y a favor de la impunidad
EL PSOE QUITA LA JURISDICCION UNIVERSAL DE LAS LEYES ESPAÑOLAS
CSCA

Las razones (..)han sido desde nuestro punto de vista dos: una, la contradictoria posición legal española de poder investigar y castigar graves crímenes realizados en el exterior y al mismo tiempo, ser el sistema -las magistraturas y las leyes españolas- refractario a la apertura de posibles causas con motivo de las matanzas habidas tras la ruptura de la legalidad republicana con el General Franco; dos, el que se pudieran afectar intereses políticos económicos con los países a las que iban dirigidas las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional

Se veía venir y en este caso ha habido muchos padres de la criatura. Por motivos convergentes se aliaron las fuerzas conservadoras, empezando por el PSOE y el PP, pero también los nacionalistas de CiU y PNV para cargarse, de facto, la posibilidad que tenían muchas víctimas para recurrir a la justicia española, invocando la jurisdicción universal para la persecución de graves crímenes contra la humanidad.

En estas últimas fechas, tras la aprobación colegiada de una Resolución en el Debate del Estado de la Nación, el pasado 19 de mayo, ha habido indignación, sentimientos de ser traicionados por unos legisladores que han logrado que nuestro país pasase de ser considerado como pionero en la posibilidad de que las víctimas pudieran reclamar justicia, a uno más que cede por razones de estado, rompiendo una tradición ejemplar. Desde el famoso caso contra Pinochet, instado por la Unión Progresista de Fiscales ante el Juez de Guardia, en ese momento, Garzón, los casos que han llegado a la Audiencia Nacional, algunos ya con sentencias firmes y cumplimiento de condena (Scilingo, afecto a los años de plomo de la dictadura argentina), y otros en proceso de instrucción y vistas, permitió ver alguna luz en que fuera posible el deseo de implantar la justicia de graves crímenes que hasta entonces no podían o querían que fuesen juzgados en los lugares donde se hubiesen cometido esos crímenes. Además, esa ventana abierta no cabe ninguna duda que propició una ‘normalidad’ judicial en diferentes países y se han hecho procesos sobre graves crímenes en Argentina o Chile o se haya podido encausar a Fujimori en el propio Perú. Y encima, diversos estados, como el Reino Unido, animados por estos casos, están estudiando la inclusión legal de la jurisdicción universal.

Las razones -unas convergentes, no explícitas, y no asumidas por todos ellos- de los partidos contrarios al mantenimiento de la jurisdicción universal sin descafeinar han sido desde nuestro punto de vista dos: una, la contradictoria posición legal española de poder investigar y castigar graves crímenes realizados en el exterior y al mismo tiempo, ser el sistema -las magistraturas y las leyes españolas- refractario a la apertura de posibles causas con motivo de las matanzas habidas tras la ruptura de la legalidad republicana con el General Franco; dos, el que se pudieran afectar intereses políticos económicos con los países a las que iban dirigidas las diferentes causas abiertas en la Audiencia Nacional.

En este caso, afortunadamente para los historiadores, tenemos varios testimonios relevantes por parte de israelíes, Livni, la entonces Ministra de Exteriores y Barak, ministro del ejército, laborista, de la misma Internacional que Rodríguez Zapatero, que contemporáneamente a la admisión de la demanda por el asunto de un bombardeo de Gaza con un explosivo de una tonelada de peso y que ocasionó (como era previsible por la cantidad de explosivo y la densidad de la zona bombardeada) 14 muertos (y se supone que la admisión de la demanda no es un acto arbitrario de un juez, sino que es consecuencia de una aportación de elementos que hacen verosímil el alegato de las acusaciones) en los que con familiaridad se congratulan de que se va a cambiar la ley española para que quede sin efecto esa -y futuras- demandas por las acciones israelíes. Por cierto, en Afganistán, aliados -o cómplices- españoles están realizando ese tipo de bombardeos.

Por lo tanto, pudiendo ser por un motivo local, o por la concatenación de diferentes razones de estado, Rodríguez Zapatero, su Gobierno y partido se ha aliado con el PP y demás conservadores, sin caretas hipócritas, para cambiar la norma y premiar la impunidad. Incluso se barrunta en medios jurídicos un uso retroactivo del cambio legal para impedir que se juzguen los casos admitidos o se sobresean las actuaciones.

Pero al estar anclada la todavía vigente ley que permite la jurisdicción universal en Tratados y Convenios Internacionales no está allanado el camino de la impunidad en nuestro país. Además, de aprovechar el tiempo en que todavía esté vigente la actual norma, para nuevas demandas, cabe el recurso al Tribunal Constitucional. El paso atrás no está consumado y aunque habrá que luchar durante mucho tiempo jurídicamente por el mantenimiento, implantación y aplicación de la jurisdicción universal, hay que seguir apoyando a las víctimas para lograr un mundo mejor.

Al fin y al cabo, se ha recurrido a la justicia porque los Gobiernos o la incapacidad legislativa no asumen sus responsabilidades, y siempre hay que fortalecer la movilización popular.

Santiago González es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

1 comentario »

  1. Obiang se mostró satisfecho del trato que le dan las autoridades españolas, desde el Gobierno hasta la oposición, pasando por el Rey
    El Ministro de Asuntos Exteriores español promete tratar a Guinea como a un “hermano”

    Pere Rusiñol
    Público

    La política de Estado de España ante Guinea Ecuatorial podría resumirse así: el dictador Teodoro Obiang abrazado al ex ministro franquista Manuel Fraga en el palacio presidencial ante la mirada satisfecha de Miguel Ángel Moratinos.

    Naturalmente, también existe otra posibilidad, más ajustada a la versión oficial: España logró hoy abrir una nueva etapa en Guinea Ecuatorial, la pujante ex colonia que gracias al boom petrolero crece a un ritmo del 15% anual, los empresarios españoles han dado un pasito para entrar en este mercado y España ha recuperado algo de influencia que le permitirá en un futuro empujar hacia la democratización.

    Ambos escenarios son ciertos y sucedieron ayer simultáneamente en Bata, la capital continental de Guinea Ecuatorial, donde hoy concluye una ambiciosa visita oficial encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ha viajado acompañado por una treintena de empresarios y representantes de todos los partidos, salvo IU.

    La “nueva etapa” fue sellada con un brindis entre Moratinos y Obiang en el palacio presidencial en Bata tras un ágape con toda la delegación, amenizado por canciones cuya letra ensalzan a Obiang y le prometen lealtad. Ambas partes las autoridades de España y de Guinea Ecuatorial solemnizaron que, efectivamente, se trata de un momento “histórico” en el que ambosquieren volver a empezar de nuevo y dejar de darse la espalda.
    Un metafórico Obiang

    Obiang utilizó la metáfora del reencuentro entre el padre y un hijo desobediente y descarriado, sin que quedara claro quién había desobedecido a quién. Y Moratinos matizó que, en realidad, lo ideal era verse como “hermanos” y prometió el “respeto” del Gobierno español hacia Guinea Ecuatorial, que calificó como “un modelo para África”.

    Que la visita es histórica y no mera cháchara lo quiso demostrar el propio Obiang con un gesto insólito, sin precedentes en su gestión: reunió a toda la prensa española, a la que percibe como hostil, y se sometió a un interrogatorio de 50 minutos en una sala del mismo palacio. Sus colaboradores quisieron controlar de forma férrea el cuestionario, pero Obiang aceptó entre sonrisas todo tipo de preguntas: sobre el petróleo, sobre los derechos humanos, sobre la corrupción. Sobre todo.
    Derechos humanos

    Visiblemente relajado, el presidente se definió como “dictador” en la medida en que “dicta las normas”, pero aseguró que su régimen es completamente democrático, que reparte la riqueza del petróleo “salvo entre los holgazanes”, precisó, negó cualquier corrupción o atropello de los derechos humanos “aquí no se tortura prácticamente” y puso mucho énfasis en que “no entiende” por qué las empresas españolas no están más presentes.

    Obiang se mostró satisfecho del trato que le dan las autoridades españolas, desde el Gobierno hasta la oposición, pasando por el Rey, y sólo se quejó de la prensa, pese a lo cual prometió otorgar acreditaciones para que puedan informar sobre los comicios presidenciales de finales de año, a los que volverá a presentarse. Para sellar definitivamente esta “nueva etapa”, Obiang hizo una petición concreta a Moratinos: quiere que José Luis Rodríguez Zapatero visite el país antes de que acabe el año.

    Comentario por G.G. — julio 11, 2009 @ 12:52 pm | Responder


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